Domingo 19 de Junio de 2005
UN NUEVO TIPO DE AUTORITARISMO
Por Rosendo Fraga Para LA NACION
Hasta los años setenta, el golpe militar constituyó un recurso político común en América latina. Muchas veces estos golpes tuvieron una orientación conservadora, algunas de centroizquierda -como el que tuvo lugar en Perú a fines de los años sesenta-, y otras veces de orientación nacionalista populista, como el de 1943 en la Argentina, que dio origen al peronismo. En los años ochenta, América latina se democratizó en el marco de un contexto mundial donde un fenómeno análogo se daba en países de Asia, Africa y Europa Central y Oriental. Si tomanos los diez países iberoamericanos de América del Sur, en 1980 ocho de ellos tenían presidentes militares y sólo dos civiles (Colombia y Venezuela). A mediados de los años noventa, los diez tenían presidentes civiles. La ola democratizadora que tuvo lugar a fines del siglo XX, que fue potenciada por el fracaso del comunismo y la caída del Muro, tuvo en América latina efectos muy concretos, ya que terminó con los golpes militares que caracterizaban a América del Sur y las guerrillas que todavía combatían en América Central. Pero esta indiscutible vigencia de la democracia en la región se dio junto con una fuerte debilidad institucional. La interrupción de los mandatos constitucionales ha sido una característica muy común y, desde 1989, se registraron once casos de presidentes que no terminaron su mandato en los diez países iberoamericanos de América del Sur. Pero analizando el tema a comienzos del siglo XXI y durante el primer lustro de esta década, observamos que la pérdida del control de la protesta violenta en las calles puede terminar con un gobierno constitucional, sin que ello implique abandonar la democracia. Si a las caídas de Fernando de la Rúa y de Adolfo Rodríguez Saá en la Argentina de 2001 sumamos el acortamiento del mandato de Eduardo Duhalde provocado por los muertos en el Puente Avellaneda en 2002, así como las dos interrupciones de Bolivia y las dos de Ecuador, queda demostrado que tal pérdida de control es, en este momento, la causa predominante de la interrupción de mandatos en la región. Recurrencia La Argentina, Bolivia y Ecuador son los tres países de América del Sur que han mostrado mayor recurrencia en este tipo de crisis. Los casos de De la Rúa y de Rodríguez Saá en la Argentina se dieron en el contexto de una fuerte crisis económica -como había sucedido con Alfonsín a fines de los ochenta-, pero en los dos casos de Ecuador tuvieron lugar con una economía en crecimiento, aunque en un contexto de fuerte descontento político y social. La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia tuvo lugar en un escenario de fuerte descontento político y social como en Ecuador. Pero la reciente renuncia de Carlos Mesa en ese mismo país es el caso más particular y el que pone en evidencia que se está extremando el uso de este tipo de crisis. Cuando el ex presidente de Bolivia renunció días atrás era el político más popular de Bolivia, con un 44% de adhesión. Si dos meses antes hubiera logrado que el Congreso le permitiera adelantar la elección presidencial, la hubiera ganado. No le permitieron hacerlo y tuvo que renunciar ante la alternativa de tener que recurrir a la fuerza para mantener el orden público. El presidente de la Corte Suprema que ha asumido para, ahora sí, adelantar las elecciones, gobierna en un cuadro extremadamente frágil. Los sondeos muestran que, si hoy se eligiera presidente en Bolivia, el primer lugar lo ocuparía Jorge Quiroga, un político de centroderecha que fue vicepresidente del general Bánzer. El segundo sería el ex presidente Mesa y recién en tercer lugar, con menos del 10% de la intención de voto, se encontraría el líder indigenista y cocalero Evo Morales, la figura más relevante en los sectores que, a través de la protesta social violenta en las calles, provocaron en menos de dos años la caída de dos presidentes. Dada esta situación, es probable que en Bolivia en las próximas semanas tengan lugar nuevas protestas que impidan la convocatoria a elecciones, dado que el resultado en términos políticos e ideológicos puede no ser diferente del las últimas dos en las cuales fueron electos Bánzer, primero, y Sánchez de Lozada, después. En el pasado, más de una vez quienes no podían ganar las elecciones optaron por golpear las puertas de los cuarteles para llegar al poder de otra forma. Ahora, al comenzar el siglo XXI, se corre el riesgo de que quienes no pueden ganarlas recurran a otra forma de interrupción del proceso institucional, que es lo que puede llamarse el "golpe de la calle", el derrocamiento de un presidente constitucional que pierde el control de la protesta social violenta en las calles. Así como en el pasado minorías políticas con acceso al poder militar podían utilizarlo como medio de acceso al gobierno, hoy minorías con capacidad de acción violenta o coercitiva en las calles pueden utilizar este medio para voltear gobiernos y eventualmente tomarlos. Si en la región no se logran desarrollar sistemas de partidos fuertes, con capacidad de fortalecer el sistema institucional a través del sistemático juego de la democracia, en América latina puede estar surgiendo un nuevo tipo de autoritarismo, que no será más que una nueva expresión de tendencias históricas y culturales subyacentes.
Hasta los años setenta, el golpe militar constituyó un recurso político común en América latina. Muchas veces estos golpes tuvieron una orientación conservadora, algunas de centroizquierda -como el que tuvo lugar en Perú a fines de los años sesenta-, y otras veces de orientación nacionalista populista, como el de 1943 en la Argentina, que dio origen al peronismo. En los años ochenta, América latina se democratizó en el marco de un contexto mundial donde un fenómeno análogo se daba en países de Asia, Africa y Europa Central y Oriental. Si tomanos los diez países iberoamericanos de América del Sur, en 1980 ocho de ellos tenían presidentes militares y sólo dos civiles (Colombia y Venezuela). A mediados de los años noventa, los diez tenían presidentes civiles. La ola democratizadora que tuvo lugar a fines del siglo XX, que fue potenciada por el fracaso del comunismo y la caída del Muro, tuvo en América latina efectos muy concretos, ya que terminó con los golpes militares que caracterizaban a América del Sur y las guerrillas que todavía combatían en América Central. Pero esta indiscutible vigencia de la democracia en la región se dio junto con una fuerte debilidad institucional. La interrupción de los mandatos constitucionales ha sido una característica muy común y, desde 1989, se registraron once casos de presidentes que no terminaron su mandato en los diez países iberoamericanos de América del Sur. Pero analizando el tema a comienzos del siglo XXI y durante el primer lustro de esta década, observamos que la pérdida del control de la protesta violenta en las calles puede terminar con un gobierno constitucional, sin que ello implique abandonar la democracia. Si a las caídas de Fernando de la Rúa y de Adolfo Rodríguez Saá en la Argentina de 2001 sumamos el acortamiento del mandato de Eduardo Duhalde provocado por los muertos en el Puente Avellaneda en 2002, así como las dos interrupciones de Bolivia y las dos de Ecuador, queda demostrado que tal pérdida de control es, en este momento, la causa predominante de la interrupción de mandatos en la región. Recurrencia La Argentina, Bolivia y Ecuador son los tres países de América del Sur que han mostrado mayor recurrencia en este tipo de crisis. Los casos de De la Rúa y de Rodríguez Saá en la Argentina se dieron en el contexto de una fuerte crisis económica -como había sucedido con Alfonsín a fines de los ochenta-, pero en los dos casos de Ecuador tuvieron lugar con una economía en crecimiento, aunque en un contexto de fuerte descontento político y social. La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia tuvo lugar en un escenario de fuerte descontento político y social como en Ecuador. Pero la reciente renuncia de Carlos Mesa en ese mismo país es el caso más particular y el que pone en evidencia que se está extremando el uso de este tipo de crisis. Cuando el ex presidente de Bolivia renunció días atrás era el político más popular de Bolivia, con un 44% de adhesión. Si dos meses antes hubiera logrado que el Congreso le permitiera adelantar la elección presidencial, la hubiera ganado. No le permitieron hacerlo y tuvo que renunciar ante la alternativa de tener que recurrir a la fuerza para mantener el orden público. El presidente de la Corte Suprema que ha asumido para, ahora sí, adelantar las elecciones, gobierna en un cuadro extremadamente frágil. Los sondeos muestran que, si hoy se eligiera presidente en Bolivia, el primer lugar lo ocuparía Jorge Quiroga, un político de centroderecha que fue vicepresidente del general Bánzer. El segundo sería el ex presidente Mesa y recién en tercer lugar, con menos del 10% de la intención de voto, se encontraría el líder indigenista y cocalero Evo Morales, la figura más relevante en los sectores que, a través de la protesta social violenta en las calles, provocaron en menos de dos años la caída de dos presidentes. Dada esta situación, es probable que en Bolivia en las próximas semanas tengan lugar nuevas protestas que impidan la convocatoria a elecciones, dado que el resultado en términos políticos e ideológicos puede no ser diferente del las últimas dos en las cuales fueron electos Bánzer, primero, y Sánchez de Lozada, después. En el pasado, más de una vez quienes no podían ganar las elecciones optaron por golpear las puertas de los cuarteles para llegar al poder de otra forma. Ahora, al comenzar el siglo XXI, se corre el riesgo de que quienes no pueden ganarlas recurran a otra forma de interrupción del proceso institucional, que es lo que puede llamarse el "golpe de la calle", el derrocamiento de un presidente constitucional que pierde el control de la protesta social violenta en las calles. Así como en el pasado minorías políticas con acceso al poder militar podían utilizarlo como medio de acceso al gobierno, hoy minorías con capacidad de acción violenta o coercitiva en las calles pueden utilizar este medio para voltear gobiernos y eventualmente tomarlos. Si en la región no se logran desarrollar sistemas de partidos fuertes, con capacidad de fortalecer el sistema institucional a través del sistemático juego de la democracia, en América latina puede estar surgiendo un nuevo tipo de autoritarismo, que no será más que una nueva expresión de tendencias históricas y culturales subyacentes.
El autor es director del Centro de Estudios Unión Para la Nueva Mayoría.
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