POLICIAS ECUATORIANOS INTENTAN INTERRUMPIR LA SEÑAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

POLICÍAS ECUATORIANOS INTENTAN INTERRUMPIR LA SEÑAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

Los sublevados fuerzan sin éxito el fin de la emisión de Gama TV y Ecuador TV, controladas por Correa
EFE - Quito - 01/10/2010

Los policías sublevados en Ecuador han intentado interrumpir la señal de los canales públicos Gama TV y Ecuador TV , según han afirmado presentadores de las cadenas, controladas por el Gobierno de Rafael Correa. "Elementos de la policía nacional están tratando de impedir que la señal de Gama TV se emita al país", afirmó un periodista en ese canal.
El presentador dijo haber sido informado por teléfono de que los policías "pretenden cortar los cables de energía y bajar las antenas", que están localizadas en la loma Pichincha, un alto que se puede ver desde todo Quito. Ecuador TV también informó que los policías intentaron interrumpir su señal, que se rebota desde el mismo lugar.
El Gobierno suspendió indefinidamente la programación de los otros canales de televisión y radio, la cual transmite las declaraciones críticas a los policías sublevados. Tras la declaración del estado de excepción, la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República envió un correo electrónico a los directivos de los canales de televisión y de radio del país en los que les exigió que se conectaran a Ecuador TV y Radio Pública, respectivamente .
En las emisiones diversos representantes gubernamentales destacan que el Gobierno cuenta con el control total del país.

GOLPE A LA ECUATORIANA

GOLPE A LA ECUATORIANA

El presidente Rafael Correa asegura que la sublevación de la policía tenía como objetivo acabar con su vida / La fiscalía lleva a cabo las primeras detenciones de los agentes implicados
FERNANDO GUALDONI Quito (Enviado especial) 02/10/2010

El fin de semana le ha venido bien a Ecuador para darse un respiro tras la sublevación de la policía que puso en jaque al Gobierno del presidente Rafael Correa el jueves y una jornada de viernes con frenéticas reuniones de gabinete, los funerales por los 13 muertos en los enfrentamientos y saqueos en todo el país, y los anuncios de las primeras detenciones de policías. La imagen de un nutrido grupo de oficiales del Ejército desayunando plácidamente en un céntrico hotel de Quito era el mejor termómetro de la capital. -¿Todo tranquilo, no?- "Por ahora, todo en calma", contesta con una sonrisa de medio lado un suboficial en cuya casaca camuflada aparecía el apellido Salguero.
El "por ahora" que deja caer el militar son las dos palabras que más preocupan a los ecuatorianos después de vivir un día de furia que recordó a otros muchos soportados por el país en los últimos 13 años y que acabaron con los mandatos de ocho presidentes. Correa pudo haber sido el noveno. ¿Pero no engrosó la lista porque no fue un golpe de Estado en toda regla o porque sí lo fue pero el presidente, al contrario que sus predecesores, supo remontar la situación gracias al respaldo popular e internacional? Esta es la pregunta del millón en Ecuador.
Para el presidente Correa está claro que fue un golpe de Estado y la mayoría de los ecuatorianos de a pie respaldan esta visión. Basta preguntarle al primer taxista o comerciante que se cruce o ver las encuestas que hace la televisión a pie de calle para palpar que la ciudadanía saldrá otra vez al rescate de Correa si es menester. La convicción también procede de la fuerte campaña oficial que ha insistido en la asonada desde el mismo momento en que el presidente llegó el jueves por la mañana al principal cuartel policial de Quito para hablar con los agentes sobre sus reivindicaciones salariales. Salió de allí por la fuerza y herido en la misma rodilla que apenas unos días antes le habían operado.
La televisión pública muestra constantemente imágenes de los cinco balazos que impactaron en el todoterreno con el que Correa fue evacuado del hospital donde el jueves estuvo 11 horas retenido y vídeos de la participación de políticos afines al partido Sociedad Patriótica, la segunda fuerza política liderada por el ex militar golpista y ex presidente Lucio Gutiérrez, un acérrimo enemigo de Correa. No hay que olvidar que el actual presidente participó en la rebelión civil, conocida como la de los forajidos, que expulsó a Gutiérrez del poder en 2005. El ex presidente respondió a las acusaciones de Correa diciendo que es verdad que lo quiere ver fuera del Gobierno, pero por las urnas. Y para tensar más el culebrón, una cuñada de Gutiérrez publicó una carta en el diario El Universo para pedir respeto para su familia y decir que una hija de Gutiérrez y un primo de éste, ambos militares, habían participado del operativo de rescate del presidente el jueves.
"Cuando a los golpistas les falla su estrategia para desestabilizar al Gobierno, dan paso al plan B, que era matar al presidente", insistió Correa en un entrevista en el canal público la noche del viernes. Otra de las pruebas que el presidente aporta para demostrar que era una sublevación planificada son las amenazas de muerte vía móvil que le llegaron a su esposa. "Rastreamos esos teléfonos y las tarjetas eran clonadas, lo que indica claramente la premeditación", explicó Correa. Aparte de las pistas que aporta el Ejecutivo, el hecho más potente para asegurar la tesis del golpe fue la toma del aeropuerto de Quito, un sitio estratégico. En un país de larga tradición golpista, a nadie escapa que una maniobra como esa aparece en el índice del manual del sublevado.
En el cierre del aeropuerto encaja además la supuesta "mano negra" de EE UU esgrimida por el presidente venezolano Hugo Chávez en la cumbre de Unasur celebrada en Buenos Aires para condenar la asonada. Y es que, según Correa, los militares de la Fuerza Aérea que tomaron la pista estaban destinados a la lucha antidroga y siempre han respondido a la embajada estadounidense antes que al Gobierno. "Este intento golpista aún no ha pasado del todo. Está superada la situación, pero no podemos confiarnos, posiblemente tenga un rebrote y a esas células hay que buscarlas y destruirlas. Hay preocupación, las raíces del intento de golpe están todavía en alguna gente", añadió el ministro de Exteriores Ricardo Patiño tras la reunión del gabinete del viernes. Casi al mismo tiempo, se amplió la depuración de la policía que comenzó con la renuncia del jefe Freddy Martínez, se ordenó el arresto de tres altos oficiales del cuartel Quito 1 y se confiscaron todas las grabaciones del de los lugares donde se produjeron los principales enfrentamientos para identificar a más sospechosos.
El afán del Gobierno por encajar todo en el formato golpe alimenta la desconfianza de los críticos sobre lo que realmente pasó. Para el analista Alfonso Oramas lo que sucedió fue un "burdo" atentado contra la democracia y una agresión "intolerable" contra el presidente. Pero, al mismo tiempo, sostiene que si Correa no hubiera desafiado a los agentes la situación no hubiese pasado de un conflicto laboral. "El discurso crispado del presidente, la falta de información del Gobierno sobre el grado de malestar de la policía y el coqueteo abierto de algunos políticos y militares con la sublevación dispararon una crisis evitable", dice Oramas.
Francisco Latorre, asesor y amigo personal de Correa, confirma que la decisión de acudir en persona al Regimiento Quito fue del presidente. Esto es lo que ha dado pie a algunas de las críticas más duras contra el Ejecutivo. El general retirado del Ejército Galo Monteverde, citado por el diario El Comercio, asegura que no hubo un golpe de Estado sino una insurrección policial. "El malestar policial y militar lleva dos años y los ministros tendrían que haberse encargado de resolverlo", según el militar.
El analista Adrián Bonilla añade otro factor para descartar el golpe: que nunca se planteó la sustitución del presidente como ha sido habitual en las rebeliones desde 1997. Todo lo contrario, el vicepresidente Lenin Moreno, manifestó de inmediato que él no iba a relevar al presidente mientras éste estuvo sitiado por policías rebeldes en el hospital donde acudió tras escapar del cuartel. Para algunos esto demuestra que no hubo un golpe planificado, para otros es lo que deja a los golpistas sin otra salida que la rendición. Para todos, aún es pronto para aventurar si Correa salió más fortalecido o debilitado de la crisis.

EL RUIDO DE SABLES SE APAGA EN ECUADOR

EL RUIDO DE SABLES SE APAGA EN ECUADOR

Los militares, que han sido cómplices o meros observadores de las revueltas contra los Gobiernos desde 1979, se mantienen ahora fieles a Rafael Correa
FERNANDO GUALDONI (ENVIADO ESPECIAL) - Quito - 04/10/2010

La presencia militar en Quito era ayer perceptible pero discreta. Aparte de los cerca de 300 efectivos destacados para resguardar el Palacio de Carondelet, la sede del Gobierno en pleno centro histórico, se veían patrullas de tres o cuatro soldados en algunas calles y en los grandes parques de la ciudad como El Ejido, La Alameda y La Carolina. No infundían inquietud ni sensación de estar a la espera de entrar en acción, más bien lo contrario. En puntos considerados estratégicos, como las vías de acceso a la capital, algunas gasolineras y plantas de distribución eléctrica, la presencia militar era mayor y más vigilante. Desde la entrada en vigor el jueves pasado de la ley de excepción a raíz de la sublevación de los policías contra el presidente Rafael Correa, el Ejército supervisa la labor de los agentes de seguridad y hasta tiene potestad para detener a quien cometa un delito flagrante.
A pesar del malestar que hay en los cuarteles por la nueva Ley de Servicio Público que elimina algunos incentivos económicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que fuera el detonante de la asonada policial del jueves -en la que también participaron miembros de la Fuerza Aérea-, los militares se mantienen fieles al presidente. "Hay malestar, sobre todo en los mandos medios, pero la cúpula es leal a Correa. Se puede estar en desacuerdo con el presidente, pero ante todo somos un Ejército profesional. Aquí no ha habido infiltración de militares cubanos o venezolanos con la excusa de defender la Constitución, nos bastamos solos", dice el coronel retirado Galo Monteverde. El oficial habla con orgullo. Y es que su "ejército", como dice, salió el jueves a la calle a defender a un presidente constitucional por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1979.
Hasta ahora la institución castrense había sido cómplice o mero observador en las revueltas que se cobraron ocho presidentes en 10 años desde 1997. Abdalá Bucaram fue destituido por incapacidad mental sin examen médico y los militares se limitaron a indicarle la salida. Mahuad fue derrocado por un complot indígena-militar que formó una Junta de Salvación Nacional de la que fue parte el coronel Lucio Gutiérrez. Gustavo Noboa juró el cargo en 2000 en el Ministerio de Defensa. Cinco años más tarde, una "revolución ciudadana" expulsó a Gutiérrez tras tres años en el poder y el Ejército observó la caída de su viejo camarada como quien ve llover.
"El Ejército ha entrado en la era moderna", dice Paco Moncayo, general retirado de cuatro estrellas, ex alcalde de Quito y actual parlamentario independiente de centroizquierda. "Hasta el golpe de Gutiérrez contra Mahuad hace más de una década, el Ejército había honrado la tradición de neutralidad forjada desde finales de los setenta. Antes y después de esa asonada, el militar se limitó a mantener como pudo el orden ante la inestabilidad política. Ahora, Correa, con su manejo irresponsable de la rebelión policial, fuerza al Ejército a salir en su defensa y enfrentarse a los agentes. Esto había sucedido solo en dos ocasiones, durante el Gobierno de Velasco Ibarra
[cinco veces presidente en distintos periodos entre 1934 y 1972], otro populista", reflexiona. "El Ejército se comportó como una institución del siglo XXI, pero el contexto en el que tuvo que actuar pertenece a la segunda mitad del XX. El Gobierno es el que está desfasado, no el Ejército", añade.
Aunque Moncayo, como la mayoría de los analistas consultados, duda de que el Ejército o una parte de este protagonice un golpe de Estado, advierte que la institución es un polvorín y que solo la insistencia del comandante en jefe de las tres fuerzas, el general Ernesto González, para que el Gobierno revise la ley que afecta a los salarios del cuerpo ha rebajado un poco la tensión. El malestar no es solo por la rebaja de las retribuciones, sino también por un error de cálculo en la aplicación de la escala salarial de suboficiales y oficiales que se arrastra desde 2006.
Durante el fin de semana, la ministra de Política, Doris Soliz, declaró que el Gobierno reescribirá la ley que desató la sublevación de policías para clarificar su contenido, pero que no hará cambios significativos. También quedó descartada, de momento, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas que tenía en mente Correa para reforzar su poder y sacar adelante su plan de austeridad.

EL 23-F DE LOS ECUATORIANOS

EL 23-F DE LOS ECUATORIANOS

Los ciudadanos siguieron la rebelión policial y las escenas de violencia en las calles pegados a la televisión estatal, difundida a través de todos los canales
LUIS VIVANCO - Madrid - 01/10/2010

Las calles de las ciudades ecuatorianas han amanecido hoy con un profundo sentimiento de luto. Han muerto tres policías, un militar y un estudiante, pero todos sienten que las principales víctimas son la paz y, sobre todo, el sentido común. La imagen de los agentes enfrentándose a tiros con los militares se convirtió en un cuadro inverosímil, nunca antes visto en la historia democrática del país andino.
Lucía Sotomayor, una estudiante de arquitectura que vive en Quito, la capital, asegura en una conversación telefónica, que el jueves 30 de septiembre de 2010 pasará a la historia como un día dominado por la angustia. A primera hora, centenares de policías habían salido a las calles en protesta por un recorte en sus beneficios salariales. Ella también salió temprano de casa: "Me fui llena de nervios porque ya sabía que no había policías en la calle, pero fue a mediodía cuando vi en los telediarios que el asunto se estaba agravando y regresé a casa. Esa es una hora punta de tráfico y Quito ya era fantasmal. No sabía qué iba a pasar".
A esa misma hora conducía su taxi Washington Terán, de 50 años. Se vio obligado a regresar a su casa, en el sur de la ciudad. "Ya era imposible trabajar. Los policías estaban por la calle quemando neumáticos, y por la central de radio nos advirtieron que los delincuentes ya estaban haciendo de las suyas", relata mientras conduce su coche. En esos momentos, el presidente Rafael Correa se enfrentaba verbalmente con los agentes sublevados en un cuartel policial.
Como todos los ecuatorianos, tanto Lucía como Washington estuvieron pegados a las pantallas de televisión durante toda la tarde. Ella, indignada por la actitud de los policías, pero también por las actuaciones de un gobernante que considera populista. Él, a punto de salir a la calle para "defender al presidente".
Cuando el ambiente se volvió más denso y los fantasmas del golpe de Estado y la guerra civil planeaban sobre las mentes de los residentes en Quito, en Guayaquil, la ciudad más grande del país, los ataques de los malhechores desataban el pánico. Dos sucursales bancarias fueron asaltadas. Varios supermercados, saqueados. La incertidumbre era generalizada. Incluso los payasos de plástico de tamaño real que se ubican junto a las puertas de los restaurantes McDonald's fueron arrancados por los ladrones. El presidente intentaba salir del cuartel, pero era retenido por los insurrectos en un hospital. Mientras tanto, Andrea Regalado, una joven periodista que no tenía que trabajar en la mañana del jueves, aprovechó para ir al banco. Como el sentimiento de inseguridad ya era general en Quito, tuvo que someterse a un cacheo para entrar al banco. "Por miedo me regresé a mi casa. Como vivo cerca del Hospital de la Policía, pasé toda la tarde escuchando sirenas de patrullas y ambulancias", explica. El país estaba ya en estado de excepción.
Mientras, la estudiante Lucía Sotomayor seguía los acontecimientos por televisión y sentía ganas de lanzar el aparato por la ventana al ver que la señal oficial se reproducía en cada frecuencia. "Me sentí acorralada, no sabía si podía salir". Esa misma señal del canal oficial la vio Paola Montenegro, una joven bióloga en la empresa en la que trabaja, y sintió la necesidad urgente de volver a casa con su madre. Tuvo que atravesar una ciudad en silencio, con rastros de neumáticos quemados y negocios cerrados, pues los choques estaban focalizados en el exterior del Hospital de la Policía y ante la sede de la Presidencia. "Pero cuando llegué, mi madre le gritaba a una amiga por teléfono: 'Están disparando'. Estuvimos frente a la tele las dos llenas de angustia". El Ejército acudió al rescate de Correa y los alrededores del hospital se convirtieron en un campo de batalla.
El presidente logró salir. La noche pasó. Pero muchos no pueden presumir hoy de haber disfrutado de un sueño reparador. El taxista Washington Terán ha salido de nuevo a la calle. Asegura que los agentes de policía han recuperado el control de la ciudad: "Pero cada vez que uno los mira, bajan la cabeza; como que si sintieran vergüenza".

RANKING DE LOS MEJORES PAÍSES

En un reciente informe de la revista Newsweek, la Argentina aparece en el puesto 46°

La Argentina quedó lejos, específicamente en el puesto 46°, en el ranking de los mejores 100 países confeccionado por la reconocida revista norteamericana Newsweek . Esa publicación tomó cinco parámetros para determinar ese ranking: esperanza de vida, calidad de vida, educación, dinamismo económico y entorno político. Quedó determinada así una tabla liderada por Finlandia, y seguida por Suiza y Suecia. Dentro de América latina, la Argentina figura séptima.
Para confeccionar el listado, la publicación tomó como punto de partida los últimos datos difundidos por organismos públicos y privados de renombre y trayectoria internacional comprobada, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Universidad de Yale, el McKinsey Global Institute, Freedom House y Political Risk Services.
En función de los informes más recientes en las áreas que investigan estos organismos, la revista estadounidense creó el ranking en el que se conjugan los resultados en los cinco rubros mencionados y que van más allá de lo económico.
Es así como, si bien la Argentina se encuentra en el puesto 34° si sólo se tomara en cuenta la esperanza de vida, a esta ubicación la contrarresta el lugar 80° en el que se sitúa la educación.
En los otros tres ítems la posición de la Argentina nunca logró ubicarse entre los 40 primeros lugares. Se trata del entorno político (puesto 42°); calidad de vida (52°) y dinamismo económico, en el puesto 75° del conteo.
Tan sólo nueve países de América latina se encuentran entre los primeros 50 lugares del ranking. El que lidera la lista latinoamericana es Chile, que se sitúa en el lugar 30°; le sigue Costa Rica (35°); Panamá (41°); Perú (42°); Uruguay (44°); México (45°); la Argentina (46°); Brasil (48°), y cierra la lista Cuba (50°). Dato llamativo
Otro de los datos más llamativos es que de los Estados que integran el Grupo de los Ocho (G-8), países con mayor injerencia política, económica y militar del mundo, tan sólo dos forman parte de los diez primeros lugares: Canadá, en el séptimo puesto, y Japón, en el noveno.
De los restantes seis miembros del selecto grupo: Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido se encuentran entre los 20 primeros lugares y, Rusia, está lejos, en el puesto 51°.
Una de las ausencias más llamativas en el top ten es la de Estados Unidos, que sólo aparece en el onceavo lugar, a pesar de figurar segundo en dinamismo económico y noveno en calidad de vida. Sin embargo, su punto más flojo es la educación, ya que figura en el puesto 26°.
Si comparamos la Argentina con Chile, el mejor país latinoamericano en el ranking, las diferencias son marcadas en cuatro de las cinco variables.
Mientras que Chile figura 51° en educación, la Argentina aparece en el 80°; en dinamismo económico la diferencia es más marcada aún, ya que el país trasandino se ubica en el puesto 24° y, la Argentina, en el 75°. La menor brecha entre ambos países se da en la calidad de vida, donde Chile figura 47° y la Argentina, 52°.
Según detalles del informe de Newsweek, en la Argentina el 97,2 por ciento de la población sabe leer y escribir y la esperanza de vida es de 67 años. CLAVES
Finlandia : el país nórdico lidera el ranking, con 89,4 puntos sobre 100. Figura 1° en educación, 4° en calidad de vida, 5° en entorno político, 8° en dinamismo económico y 17° en esperanza de vida.
Estados Unidos : una de las potencias económicas del mundo sólo aparece en el puesto 11°, con 85,51 puntos. Se anotó el lugar 26° en educación, el 9° en calidad de vida, el 14° en entorno político, el 2° en dinamismo económico y el 26° en esperanza de vida.
Chile : es el primer país de la región, dentro del ranking, que está en el lugar 30°, con 74,12 puntos. Sus números son estos: puesto 51° en educación, 47° en calidad de vida, 30° en entorno político, 24° en dinamismo económico y 26° en esperanza de vida.
La Argentina : se sitúa en el lugar 46° del recuento, con 64,48 puntos: 80° en educación, 52° en calidad de vida, 42° en entorno político, 75° en dinamismo económico y 34° en esperanza de vida.

LA ILUSIÓN DE SER BOLIVAR

Viernes 7 de marzo de 2008

LA ILUSIÓN DE SER BOLIVAR

Por Tomás Eloy Martínez Para LA NACION

HIGHLAND PARK, N. J. Quiza cuando se publiquen estas líneas la diplomacia haya transformado en espuma el torrencial intercambio de insultos, amenazas y acusaciones que se prodigaron el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y los voceros del gobierno colombiano, de Alvaro Uribe. Nada puede predecirse en una historia cuyos caminos están regados de pólvora, petróleo y droga, y cuyos protagonistas son de fósforo. Tampoco es fácil entender lo que pasa e imaginar lo que podría venir. Colombia lleva más de cuarenta años de una guerra civil no entre dos bandos, sino entre por lo menos cuatro: el ejército regular, la guerrilla que opera con el nombre de FARC, los paramilitares –nacidos de la desconfianza de los hacendados en la eficacia del ejército–, y los narcotraficantes, que también disponen de soldados y armas considerables. Es una guerra despiadada, en la que las tropas de un bando se suelen pasar a otro con frecuencia, y tan pareja que podría durar cuarenta años más. Colombia ha tenido presidentes excepcionales como Belisario Betancur y César Gaviria, y tanto ellos como los otros han lidiado como pudieron con esa pesadilla que ha costado muchedumbres de muertos, desplazados y fugitivos. Parte de lo que sigue es una historia conocida, pero conviene recordarla para no sembrar más humo en el incendio. El sábado 1º de marzo, el ejército colombiano atravesó la frontera con Ecuador, avanzó kilómetro y medio en el territorio de ese país y atacó un campamento de las FARC. De diecisiete a veinte guerrilleros murieron, entre ellos Luis Edgar Devia Silva, conocido como Raúl Reyes, segundo comandante de los insurgentes, quien había establecido contacto con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para liberar a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. La invasión era ilegal, como toda invasión, y cualquier observador ecuánime sabe que fue también un palo muy torpe en el carro de las negociaciones. Colombia afirma que contaba con el permiso del gobierno ecuatoriano; éste lo negó, y el sentido común indica que Ecuador no pudo haberlo dado. El gobierno de Alvaro Uribe, por lo tanto, confió a la fuerza de las armas y de los hechos consumados lo que debió confiar a la diplomacia. Colombia ya está harta de la guerra interminable, y ninguna de las partes quiere ceder en una puja que siempre acaba en empate. Los rehenes están agonizando en la selva, eso es cierto, pero la muerte de Raúl Reyes no va a devolverles la libertad ni la vida. Conozco desde hace mucho a políticos y funcionarios del gobierno de Bogotá –de éste y de los anteriores– que darían la vida por deshacer el nudo gordiano en que se han convertido las guerras de su país, pero no han encontrado todavía una salida que apague los odios. Para colmo de males, Hugo Chávez batió el domingo 2 de marzo sus tambores de guerra. Casi nada sorprende ya en su lenguaje sin límites, pero en el unipersonal de televisión que ameniza desde hace varios años usó el más sulfúrico catálogo de insultos que se haya oído en los prados habitualmente corteses de la política internacional. Luego de callar un minuto en homenaje al “comandante revolucionario” Reyes, agravió el silencio llamando a Uribe “presidente criminal” y acusando a su gobierno de “paramilitar, narcotraficante y lacayo del imperio”. Las negativas de Uribe a cualquier tipo de negociación siempre me han parecido exageradas y quizás inhumanas, porque están en juego cientos de rehenes cuyas vidas siguen en manos de las FARC. La situación de los cautivos era menos riesgosa antes de que impusiera su mano dura. Pero el pueblo de su país lo apoya libremente, lo ha reelegido para que mantenga esa política, y ésa es el agua respetable de otro molino. Lo que se pierde muchas veces de vista es el juego que Chávez está llevando adelante en esta historia. El domingo ordenó en su programa de televisión el traslado de diez batallones a la frontera con la vecina Colombia y el cierre de la embajada venezolana en Bogotá, e instó a su par ecuatoriano, Raúl Correa, a que hiciera lo mismo. Correa lo hizo casi enseguida. El lunes 3 redobló la apuesta al expulsar a todo el personal colombiano de la embajada en Caracas y al cerrar la frontera. Correa, presuroso, también rompió relaciones con su vecino del Norte. Conocí a Chávez el último domingo de agosto de 1999, cuando cumplía seis meses de gobierno. Una de las primeras preguntas que le hice –tal como lo conté entonces– fue si los vínculos con las FARC que se le atribuían eran ciertos y si estaba entregándole a la guerrilla colombiana fondos reservados para la compra de armamentos. Fuentes muy confiables me habían dado esa información, exhibiendo algunos documentos que parecían legítimos. Por toda respuesta, Chávez levantó el teléfono, llamó al presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y me pidió que repitiera la pregunta. Pastrana negó –como era previsible– todo vínculo de Chávez con la guerrilla y preguntó de dónde sacaba yo esa versión. No se lo podía decir, por supuesto, pero quizá no sea impropio revelar ahora que se trataba de uno de sus colaboradores más cercanos. Chávez se había alzado contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez siete años antes, con la idea fija de resucitar la utopía de la unidad política de América latina, lanzada por el libertador Simón Bolívar en un documento clásico: la Carta de Jamaica. Esa ilusión ha sido el eje de casi todos sus actos, y para entender a Chávez hay que saber que él siente que allí, en la realización de la utopía, está su lugar final en la historia. Su adversario ya no es la corona española, como lo era para Bolívar, sino el imperio norteamericano, al que un bloque bolivariano de naciones le podría hacer la vida imposible. Ya a comienzos de su primer gobierno advirtió que le sería difícil alcanzar ese sueño por medio de la política, pero que podría lograrlo uniendo a ejércitos hermanos bajo una bandera común. Sin duda, lo ha seducido el hecho de que la rama política de las FARC se llame Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia, y que tanto las tropas irregulares al cuidado de la ya extinta Zona de Distensión como el sistema judicial que controlaban se llamaran también “bolivarianos”. En la mira inmediata de ese programa de unidad están los países que Bolívar quiso agrupar: Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y, por supuesto, Bolivia. Eso explica el apoyo que Chávez brindó al candidato Ollanta Humala, derrotado en Perú, y al que venció en las elecciones de Ecuador, Rafael Correa. No hay por qué reprocharle a Chávez sus ilusiones. Al fin de cuentas, hasta el hombre más humilde tiene derecho a soñar lo que quiere. Pero en su caso, ha contraído responsabilidades con el país que lo eligió, y tanto sus bravatas verbales como los despliegues de tropas en la frontera no resuelven los problemas reales. Cientos de miles de colombianos viven en Venezuela, y los dos países están unidos por fraternidades históricas y culturales inquebrantables, por lazos de familia, por trabajos que van de un país a otro. Se ha insinuado que Chávez trata de distraer a Venezuela de la inflación y el desabastecimiento, que son ahora inocultables. La guerra es siempre un pésimo recurso para salir de esos pantanos, como lo prueba la infortunada aventura de las Malvinas. Así como Uribe es responsable de un hecho gravísimo –la invasión de un país vecino al que llevó su propia guerra–, también Chávez debería explicar por qué se ha exaltado tanto ante el ataque mortal a un campamento insurgente con el que Venezuela nada tiene que ver. ¿O sí?

ALFREDO RANGEL:"COMENZO EL DECLIVE DEFINITIVO DE LAS FARC"

Lunes 10 de marzo de 2008
La entrevista

ALFREDO RANGEL: "COMENZÓ EL DECLIVE DEFNITIVO DE LAS FARC"

La guerrilla perdió capacidad operacional, tiene menos presencia territorial y menos capacidad de ejercer la violencia, afirma el analista político colombiano Alfredo Rangel, quien, si bien no justifica la invasión militar del territorio ecuatoriano, dice que la muerte de Raúl Reyes fue no sólo el golpe más importante contra las FARC en cuatro décadas de conflicto sino también un revés que podría precipitar el fin del grupo rebelde.

Alfredo Rangel parece nadar en contra de la corriente de críticas internacionales que la muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano le valió al presidente Alvaro Uribe. No justifica la invasión del país vecino y admite que ahora puede abrirse una impasse en las negociaciones para un intercambio humanitario de prisioneros. Pero cree que la eliminación del jefe guerrillero fue el mayor acierto de la política de seguridad del gobierno de Bogotá y afirma que así lo entiende también una enorme mayoría de los colombianos.

Analista político experto en temas militares, director de la Fundación Seguridad y Democracia, columnista del diario El Tiempo y autor de varios ensayos y libros sobre el conflicto interno en su país, Rangel en ningún momento vio con preocupación el despliegue de tropas al otro lado de la frontera con Venezuela: "Fue un acto fanfarrón de Hugo Chávez", dice al respecto. Y tampoco creyó posible un conflicto bélico en esa frontera que parecía ganar en temperatura con el pasar de las horas, hasta el viernes pasado en la Cumbre del Grupo de Río en República Dominicana se dio por superada la disputa.

Asegura, sin embargo, que sobran las evidencias de que en los territorios venezolano y ecuatoriano existen santuarios guerrilleros. Invitado a trazar los posibles escenarios de la guerra interna colombiana tras la muerte de Reyes, afirma que el descabezamiento de la cúpula rebelde puede marcar el comienzo del declive final de la más antigua y poderosa guerrilla del continente: "Fue un golpe definitivo a la moral de los combatientes", señala.

"La muerte de Reyes -explica Rangel por teléfono desde Bogotá- fue sin duda el golpe más importante que le ha dado el estado colombiano a las FARC en cerca de 40 años de lucha contrainsurgente: era el principal miembro del secretariado de las FARC, la persona que manejaba las relaciones internacionales y la política del grupo guerrillero". Y añade: "Esto se suma a una serie de golpes que había dado el gobierno en los últimos cinco años y que llevaron a un debilitamiento inusitado del grupo guerrillero: es la primera vez en la historia que disminuye la cantidad de hombres en armas, que disminuye su cobertura y presencia territorial, y que disminuyen sus finanzas y su capacidad operacional".

-¿Qué datos apoyan esta idea de un retroceso de las FARC?

-Las cifras que tenemos dan cuenta de una merma a una tercera parte de las acciones ofensivas o violentas de las FARC en los últimos años. En 2002 realizaron 32 hostigamientos y tomas de poblaciones, con enormes daños a la población civil por el uso de cilindros de gas, que son armas incontrolables. En 2007 sólo realizaron un hostigamiento. Esto demuestra una merma en su capacidad operacional. Además, llegaron a realizar entre 600 y 800 secuestros anuales, y el año pasado realizaron unos 200, lo que revela un retroceso en su presencia territorial y en su capacidad de ejercer la violencia. Por eso, la muerte de Reyes podría ser interpretada como el comienzo del declive definitivo de las FARC como proyecto político y militar.

-¿Se refiere a que la muerte de Reyes puede minar la moral de las filas guerrilleras?

-Es un golpe definitivo a la moral de los combatientes, a su disposición de combate y sobre todo a la creencia en la invulnerabilidad del grupo guerrilllero y de su secretariado. Creo que esto en adelante va a disminuir la fe en las posibilidades de éxito de las FARC como grupo insurgente, y puede incentivar aún más las deserciones, que en los últimos cinco años fueron unas 6000.

-¿La muerte de Reyes también puede estimular el debate interno en las FARC?

-Siempre hubo un acuerdo en los lineamientos generales de su estrategia política y militar, pero existen dentro de las FARC tendencias muy duras e inflexibles que acaudillaba Reyes junto con el Mono Jojoy, y una línea mucho más pragmática, más realista, liderada por Alfonso Cano e Iván Márquez. La muerte de Reyes podría fortalecer a la línea más realista y flexible, pero las FARC siempre fueron un grupo muy monolítico y no habría que esperar cambios muy radicales en su orientación política en el corto o mediano plazo.

-¿Cómo podría verse afectada la liberación de los rehenes? Reyes mantenía contactos con el gobierno francés y el venezolano, entre otros, interesados en la liberación de Ingrid Betancourt y los demás rehenes...

-Las personas que están secuestradas en poder de las FARC dependen para su liberación de la voluntad del grupo guerrillero. No es el gobierno colombiano el que las tiene secuestradas. Es la guerrilla, que pudo realizar liberaciones incondicionales en el pasado y no hay obstáculos para que pueda realizar otras acciones unilaterales como éstas en el futuro.

-Pero, ¿el hecho de que haya sido eliminado justamente el negociador internacional no dificulta este tipo de liberaciones?

-Si las FARC tienen la voluntad de hacerlo, lo pueden hacer. Iván Márquez es una persona que prácticamente reside en territorio venezolano, según documentos encontrados en la computadora de Raúl Reyes, y él podría facilitar la entrega de rehenes. Pero de momento, creo, con la muerte de Reyes se va a producir una impasse en los temas relacionados con el intercambio de prisioneros y las liberaciones. Una vez que se nombre el reemplazo de Reyes podría retomarse el hilo de ese acuerdo humanitario. Igualmente, no creo que la muerte de Reyes genere ningún tipo de riesgo para la seguridad personal de estos secuestrados, puesto que, para las FARC, su entrega sanos y salvos es un asunto de alto interés político: de ello depende su imagen internacional, bastante deteriorada por el conocimiento que se tiene de la situación en que se encuentran los secuestrados, en condiciones lamentables durante períodos de más de 10 años en algunos casos.

Ahora, con la invasión del territorio ecuatoriano y las críticas que ha recibido, pareciera que quien quedó más aislado es Uribe. ¿Se justificaba este alto costo diplomático?

-En Colombia ha habido un apoyo unánime de la población y de todos los sectores políticos, incluida la oposición. El apoyo al gobierno, según las últimas encuestas, asciende al 85%. O sea que, a nivel interno, hay un fortalecimiento del gobierno como resultado de esta acción. A nivel externo, es posible que muchos países critiquen y rechacen la incursión en territorio ecuatoriano. Colombia ha dado explicaciones y ha pedido disculpas, reiteradamente. Pero el mundo está conociendo la forma en que los gobiernos de Ecuador y Venezuela han tenido relaciones muy frecuentes con las FARC, le han facilitado su presencia en sus territorios, han llegado a acuerdos a espaldas del gobierno colombiano, le han entregado dinero, por 300 millones de dólares en el caso de Chávez, y han permitido la permanencia de la guerrilla en la frontera.

-¿Qué evidencias concretas hay de la existencia de santuarios guerrilleros en estos dos países?

-Colombia viene entregando desde hace años pruebas documentales de la existencia de campamentos. La muerte de Reyes tuvo lugar en un campamento que llevaba muchos meses en Ecuador, lo que es una prueba más de que esta situación tenía lugar a los ojos de las autoridades ecuatorianas, y los documentos que tenía Reyes en su computadora dan fe de acuerdos entre las FARC y las autoridades ecuatorianas para la permanencia y cooperación con las FARC.

-La eliminación de Reyes, ¿se puede interpretar como un intento de limitar los contactos de las FARC con estos países y con la comunidad internacional?

-No creo. Creo que es el producto de una larga labor de inteligencia y seguimiento de Reyes por parte del ejército y la policía colombianos. Reyes era uno de los objetivos principales por su importancia en la estructura de las FARC. Estos seguimientos ya le habían dado oportunidades en el pasado al ejército de capturarlo o matarlo, pero que se frustraron a último momento. Lo que pasó no fue un golpe de suerte sino el resultado de años de operaciones.

-¿Cree que la cooperación norteamericana en estas tareas de inteligencia fue lo que detonó la reacción de Chávez, al percibir esta colaboración como una amenaza no sólo para Ecuador sino también para Venezuela?

-Para los colombianos ha sido incomprensible la manera en que Chávez ha valorado la muerte de Reyes como una amenaza a la soberanía de Venezuela. No se entiende cómo este país, que no está incluido en esa crisis bilateral, tomó partido por las FARC e incluso lamenta la muerte del jefe guerrillero y dispone actos tan simbólicos como guardar un minuto de silencio en una reunión presidencial.

-¿Tiene una explicación?

La única que tengo es que, tal como evidencian los documentos hallados en poder de Reyes, las relaciones políticas y afectivas entre Chávez y las FARC iban mucho más allá de lo que todos sospechaban.

-El diario El País publicó recientemente una larga investigación sobre los nexos entre las FARC, el narcotráfico y funcionarios venezolanos...

-Eso es un hecho: la forma en que creció el narcotráfico en Venezuela, por donde sale el 60 por ciento de la cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

-¿En ese contexto debe ser entendido el envío de tropas a la frontera?

-El envío de tropas fue un acto fanfarrón de parte de Chávez. Colombia no tuvo ningún tipo de intención hostil, ni contra Venezuela ni contra Ecuador. Colombia tiene intención de evitar cualquier tipo de incidente o roce armado en la línea fronteriza, entre otras cosas porque el único favorecido serían las FARC, ya que si el ejército colombiano tiene que desplazar tropas a las fronteras disminuiría la presión interna sobre la guerrilla.

-Pero en la dinámica prebélica en la que se entró, ¿no era posible que una chispa encendiera el conflicto?

-Para que haya un conflicto se necesitan dos, y Colombia no movilizó ni consideró la posibilidad de movilizar tropas a la frontera.

-¿Las FARC podrían haner provocado un incidente?

-No se descartó ninguna posibilidad, dado que para Chávez un incidente fronterizo podría aliviar un poco la situación política interna, que se le ha tornado bastante desfavorable en los últimos meses por los problemas de inflación, desabastecimiento e inseguridad.

-¿A qué atribuye el hecho de que el desprestigio que, según usted, tienen las FARC en Colombia no sea tal en el exterior?

-Probablemente las FARC hayan tenido una acción propagandística muy efectiva en el plano internacional en el pasado. Lo cierto es que, en Colombia, todas las encuestas muestran una imagen negativa del 98%. Y eso quedó demostrado en la movilización espontánea del 4 de febrero, que convocó a millones de personas en todo el país en rechazo a las FARC. Es que las FARC han sido el grupo que, a nivel mundial, realizó más secuestros durante mucho tiempo. Su actitud de hostigamiento a la población civil ha sido masiva y sistemática. Se cuentan por centenares de miles los extorsionados, son varias decenas de miles los secuestrados y miles los asesinados.

-Cuando el ex presidente Néstor Kirchner viajó a la selva para una operación de entrega de rehenes que fracasó, se sospechó que Uribe buscó ese fracaso, posiblemente para evitar que otros actores se involucraran en la negociación con la guerrilla. ¿Qué hay de cierto en esto?

-Ese incidente se frustró porque las FARC estaban engañando a la comunidad internacional al ofrecer la entrega de un niño que no tenía en su poder, como luego se constató. Las FARC entonces acusaron al gobierno de haber realizado operaciones en la zona para cubrir este hecho. Todas las entregas que hubo hasta ahora contaron con una cooperación abierta del gobierno colombiano y, de hecho, organismos internacionales como la Cruz Roja no se han quejado.

-¿Hay incomprensión en la región de lo que significa el drama colombiano?

-Sin duda, ha habido una actitud muy incomprensiva y una falta de cooperación, sobre todo de parte de Venezuela y Ecuador. Han sido distintas las actitudes de Brasil y Perú, sobre todo en lo que respecta la vigilancia de las fronteras, que es muy eficiente en ambos casos.

-¿Cómo cree que imagina Uribe el final del conflicto interno? ¿La única alternativa para él es la eliminación de las FARC?

-No. El gobierno nunca ha cerrado la puerta a un diálogo de paz, a una solución política negociada con las FARC y el ELN que dé por terminada la violencia. De hecho, el gobierno de Uribe realiza en este momento negociaciones de paz con el ELN, la segunda guerrilla del país, en La Habana, y reiteradamente le ha ofrecido un ramo de olivo a las FARC para iniciar un diálogo de paz.

Por Francisco Seminario
El perfil
Estudios universitarios
Nació en 1954 en Tunja, en la provincia colombiana de Boyacá. Estudió economía en la Universidad Nacional de Colombia y realizó luego estudios de posgrado en ciencias políticas en la Universidad de los Andes, de Colombia.
Ensayos y libros
Fue asesor presidencial en materia de seguridad y defensa entre 1994 y 1996, creó en 2003 la Fundación Seguridad y Democracia y publicó artículos, ensayos y libros sobre el conflicto colombiano, entre los que se destaca Colombia: guerra en el fin de siglo .

FRENTE AL TRIBUNAL DE LA HISTORIA Y DE LA HAYA

Diario: La Nación – Opinión

FRENTE AL TRIBUNAL DE LA HISTORIA Y DE LA HAYA

La relación histórica de amistad entre Ecuador y Chile se basa en lazos de larga data y un tejido de colaboraciones en diversas áreas que se han permitido entre estos dos pueblos que se estiman y se consideran como necesarios y clave en su sistema de alianzas.
La visita del Presidente Correa a Chile demuestra una vez más que esta relación especial sigue intacta. Los gobiernos pasan y es una política país la que sostiene la mutua conveniencia de una buena relación con el vecino de mi vecino.
Pero no hay que ser ingenuos. Esta relación pasa por un momento difícil, donde un acercamiento excluyente hacia Ecuador puede proyectar una imagen país controvertida hacia la comunidad internacional.
Es un hecho que terceros países han tomado partido por uno u otro bando en esta crisis. En especial el eje Chávez, Ortega, Castro que se alineó exclusivamente a favor de Ecuador, sin tomar en cuenta que la motivación de Colombia no era invadir a Ecuador.
El Presidente Uribe recibió un mandato por elecciones democráticas de eliminar al enemigo número uno de su estado, las FARC, para eso fue elegido. Hace pocos días, millones de colombianos y ciudadanos de otros países, lo apoyaron y repudiaron el accionar violento de los terroristas y llamaron a la pacificación del país.
Pero apoyar la inviolabilidad del territorio de Ecuador no es sumarse a un arco ofensivo de alianzas en contra de terceros, menos significa legitimar la acción de grupos terroristas y la justificación de los secuestros.
Sin embargo, se producirá un escenario muy adverso para cautelar el valor supremo de la estrecha relación histórica entre ambos países, que es un tema país de la política exterior chilena y que se tratará de enlodar, rodeándola de una campaña orquestada de rumores y especulaciones. Grupos fácticos y los mercaderes de la guerra se encargarán de sembrar la semilla de la discordia y el divisionismo.
Ecuador fue violado en lo más sagrado de una nación, en su integridad territorial, y ello explica su firme reacción. También legitima el apoyo irrestricto de Chile. Ese es el núcleo de nuestra amistad, la defensa de la tesis de que los tratados se cumplen, son intangibles, al igual que los territorios y límites, y esa es la piedra angular que es una seguridad para todos.Ese es el mensaje más fuerte que Chile y Ecuador pueden enviar a la región y al mundo.
En especial, frente a las apelaciones de Perú ante el Tribunal de La Haya, cuyo gobierno desconoce tratados que Chile y Ecuador ratificaron.
La histórica amistad bilateral de Ecuador y Chile, más allá de los intereses que tengan terceros actores regionales y extrarregionales, es sometida a la dura prueba de la amistad en tiempos difíciles.
En ello, Chile debe honrar su palabra y hacer respetar el derecho a la vida, rechazando la violencia y la toma de rehenes, y garantizar la inviolabilidad de los límites territoriales y de los tratados.
Así seremos consecuentes, honraremos a nuestros antepasados y enfrentaremos victoriosos el Tribunal de la Historia y de La Haya.

LA GUERRA IMPOSIBLE

Diario: El Tiempo – Opinión

LA GUERRA IMPOSIBLE

Eduardo Pizarro Leongómez. Columnista de EL TIEMPO.
Las controversias interestatales se resuelven en la mesa de negociaciones.

Uno de los rasgos de América Latina que más sorprenden a los analistas internacionales -no todo pueden ser malas noticias- es la ausencia casi total de conflictos armados interestatales.
Mientras que los europeos se han matado sin pausa ni tregua durante centurias y solamente en el siglo pasado llevaron a cabo las dos carnicerías más sanguinarias de la historia -la I y la II guerras mundiales-, en nuestro continente los conflictos armados entre naciones se pueden contar con los dedos de las manos. En efecto, tras las guerras de Independencia solamente tres guerras interestatales merecen una mención especial: la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la Guerra del Pacífico (1879-1883) y la Guerra del Chaco (1932-1935). El resto fueron guerras cortas y con un número muy reducido de víctimas, tales como las dos guerras entre Ecuador y Perú (1941 y 1995), la llamada Guerra de las 100 Horas (o del Football) entre Honduras y El Salvador (1969) y una que otra escaramuza aquí y allá, tal como el enfrentamiento entre Colombia y Perú (1932).
La Guerra de la Triple Alianza ha sido, probablemente, la más brutal que haya vivido el continente. Paraguay, el país más desarrollado de América Latina en la primera mitad del siglo XIX, pretendió ejercer bajo el liderazgo del mariscal Francisco Solano López un arbitraje en los asuntos rioplatenses y terminó enfrentando una coalición armada entre Argentina, Uruguay y Brasil, estimulada por la Gran Bretaña. La derrota de Paraguay en el combate de Cerro Corá se acompañó de un desastre demográfico. Su población antes de la guerra, 1'525.000 personas, se redujo a 221.000 de los cuales solamente 28.000 hombres. 5 de cada 6 paraguayos habían muerto.
La Guerra del Pacífico o del Salitre enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. Bolivia se retiró de la contienda tras su derrota en la batalla del Alto de la Alianza en Tacna (1880) y Perú fue ocupado por las tropas chilenas, instalando un gobierno de facto en el Palacio Pizarro de Lima. Tras los acuerdos de paz firmados por las tres naciones, Chile quedó bajo el control de las ricas zonas mineras (salitre y cobre) del desierto de Atacama.
En el siglo XX solamente la llamada Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia merece una reseña. La disputa se originó por la región del Chaco Boreal que, pese a su aridez y escasa población, es atravesada por el Río Paraguay. Su control era visto por una y otra nación sin acceso al mar como una alternativa para acceder al Océano Atlántico y dejó en el campo de batalla a 60 mil bolivianos y 30 mil paraguayos muertos y a una y otra economía arruinadas.
Fuera de estas tres guerras devastadoras, América Latina ha resuelto sus diferencias mediante acuerdos diplomáticos. Tan como señala el profesor de la Universidad de Princeton Miguel Centeno (Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America, 2002), mientras que en Europa el 62 por ciento de las disputas fronterizas se han resuelto mediante las armas, en América Latina sólo el 5 por ciento. Es más, las (borrosas) fronteras heredadas de la Colonia española han sufrido pocos cambios desde la Independencia.
Los latinoamericanos no se matan entre sí, como sí ocurre de manera sistemática entre europeos, africanos y asiáticos (aunque, es necesario reconocerlo, muchas veces si nos matamos entre los nacionales de cada país en dictaduras sanguinarias y conflictos internos interminables).
Ante la fanfarronada de Hugo Chávez de enviar 10 batallones a la frontera de Colombia con un tono amenazante, la decisión del presidente Álvaro Uribe de no enviar ni un solo soldado fue una medida sabia. No solamente se trataba de evitar una provocación que hubiera podido desencadenar hechos dolorosos. Se trataba, ante todo, de mantener una regla de oro de América Latina: las controversias interestatales se resuelven en la mesa de negociaciones y no mediante cañones. En este campo, América Latina es ejemplar.

Eduardo Pizarro Leongómez

EL MERCOSUR NECESITA MÁS COOPERACIÓN Y MENOS RIVALIDAD

Lunes 6 de Junio de 2005

EL MERCOSUR NECESITA MÁS COOPERACIÓN Y MENOS RIVALIDAD

Cuando surgen dudas en algunos sectores sobre la integración regional y la asociación estratégica con Brasil, se impone defender el camino seguido por el Gobierno, pero reclamar también un compromiso mayor para profundizar el proceso.
El nacimiento de la integración con Brasil se produjo en medio de la llamada "década perdida", caracterizada por el enorme endeudamiento externo y la falta de crecimiento, y en tiempos en que era prioritaria la necesidad de restablecer los derechos humanos y las condiciones de la convivencia civilizada desterrando la impunidad. En ese marco se definió a la integración como un proceso de naturaleza política , que debía conducir a la creación de un espacio común, regional, imprescindible en el mundo de la revolución científica y tecnológica, para unir y fortalecer las capacidades productivas y culturales. Esto es, para acceder a una economía legitimada por la aptitud de crear riqueza y trabajo . En estos momentos, en los cuales parecieran surgir dudas en algunos sectores sobre aspectos centrales de la política exterior del país, en particular la integración regional y la asociación estratégica con Brasil, me permito recordar las enormes dificultades que atravesábamos cuando tuvieron origen , sin duda muy superiores a las que hoy vivimos. Sin embargo, pudimos concretarlo y avanzar. Hay razones que nos llevan a defender el camino hasta ahora seguido por el Gobierno y a reclamar un compromiso mayor a la luz de la evidente necesidad de que se profundice y se amplíe el proceso de integración en una dimensión sudamericana. En ese marco me permito señalar que la política de integración regional está respaldada por un amplio y generoso consenso de la sociedad de nuestro país y es sostenida por una visión sobre la proyección histórica de la Argentina que en gran medida compartieron desde sus orígenes la UCR y el Partido Justicialista. A pocos meses de conmemorarse los 20 años del día de la Amistad Argentino-Brasileña convendría recordar las lecciones que nos brinda la historia de nuestro país . El objetivo de iniciar una nueva era en la relación bilateral fue el de encaminar a ambos países en el camino de la integración que brindaba enormes posibilidades y no seguir por el camino de la rivalidad que genera grandes costos . Cuando en 1985 iniciamos el proyecto de integración con el presidente José Sarney de Brasil, lo hicimos porque comprendimos que era la mejor manera para consolidar la paz en la región, defender las democracias incipientes y el respeto de los derechos humanos, ampliar nuestros márgenes de autonomía nacionales e impulsar un proceso de desarrollo económico y social solidario. En todo momento, dicho proyecto de integración se visualizó como abierto a la adhesión de los otros países de la región. Es cierto que el camino de la integración enfrenta siempre difíciles obstáculos que requieren de una paciente conducción política y que no se puede esperar que ambos países compartan las mismas posiciones en todos los temas de la agenda internacional. Pero lo que no se puede permitir es que diferencias puntuales, por más importantes que sean, hagan perder de vista los intereses y necesidades fundamentales de ambos países . No está en mi ánimo enumerar en estos momentos las falencias del Mercosur. El proceso de integración demostró ser sumamente valioso para consolidar la paz, la democracia y los derechos humanos y generar múltiples caminos de cooperación. No obstante, se debe reconocer que como consecuencia del enamoramiento de los gobiernos de los presidentes Collor de Mello y Menem con recetas mágicas , que provenían de otras regiones del mundo y que se incorporaron de manera acrítica a nuestra región, el proceso de integración gradual y flexible sufrió una brusca y rígida mutación . A principios de la década de los 90 el proceso de integración cambió su nombre y su configuración, perdió buena parte de su dimensión política y social, se sometió "a la mano invisible" y se transformó en un proyecto meramente comercial . El Mercosur buscó ampliar mercados sin tener en cuenta las potencialidades existentes para aumentar la cooperación económica que permite generar procesos de desarrollo equilibrados y solidarios y abre las puertas para aumentar la autonomía de ambos países en el sistema internacional. Asimismo, soslayó las dimensiones políticas y sociales de todo proceso de integración. Este artículo se escribe con la finalidad de estimular a las autoridades de mi país para que no pierdan de vista los intereses nacionales esenciales y relancen el proceso de integración sobre nuevas y más sólidas bases. Si en la dimensión económico-diplomática existen dificultades que son en gran medida consecuencia de ese diseño del Mercosur, en la dimensión político-estratégica también existen diferencias que son en parte el arrastre de una visión divergente entre ambos países en la década de los años 90 . La Argentina siguió la lógica de las relaciones carnales y Brasil se refugió en la tradición de una superada política nacionalista. Las diferencias existentes entre nuestras Cancillerías sobre la composición del Consejo de Seguridad —que constituye, aunque muy importante, sólo un aspecto en el marco de las reformas del sistema de las Naciones Unidas— no deben contaminar las grandes y profundas convergencias existentes en casi todos los temas de la agenda internacional. Es indudable que la alianza entre Argentina y Brasil constituye el principal obstáculo para la conformación de un espacio económico subordinado a los intereses de sectores dominantes de los Estados Unidos. La asociación de toda América del Sur en un proyecto común fortalece considerablemente las posibilidades de generar un desarrollo autónomo, solidario y equilibrado para toda la región. En ese marco llama profundamente la atención que desde sectores distintos se pongan en duda compromisos asumidos por nuestro país al más alto nivel respecto del proceso de integración sudamericano. Los argumentos que se exponen de que el proceso de integración del Mercosur no está todavía preparado para la ampliación a una dimensión sudamericana, que la Argentina no se debe dejar arrastrar por el liderazgo brasileño o que se deben analizar las "oportunidades" que abriría el ALCA, expresan, en el mejor de los casos, análisis incorrectos . ¿Cómo puede el Mercosur no estar preparado para la Comunidad Sudamericana de Naciones y sí estarlo para el ALCA? ¿Cómo puede la Argentina temer las ofertas exportables de Perú, Ecuador o Colombia y no tener ninguna precaución por la competencia que podrían generar en el mercado regional y nacional la oferta exportable de la principal economía del planeta? ¿Cómo se puede acusar de agresiva a la política externa brasileña y sugerir entonces como respuesta un alineamiento con la potencia imperial americana? La Argentina, si quiere contrarrestar las asimetrías existentes con Brasil como consecuencia de las diferencias de volumen entre ambos países, debe caracterizarse en la región por ser el Estado miembro del proyecto de integración que genera calidad . Aspiro para la Argentina el papel de ser la usina de ideas y proyectos de la región. Nuestro país no puede ser el "freno de mano" del Mercosur, debe ser el "acelerador", debe ser el Estado miembro que impulsa a la región a nuevos horizontes de cooperación y a nuevos objetivos a ser alcanzados, y que proponga soluciones a los desafíos o problemas que se enfrenten. La Argentina nunca debió regalarle a Brasil la bandera de la integración regional en América del Sur ; debió haber sido el socio del Mercosur más entusiasta y generoso con el proceso de integración sudamericano, lo que nos hubiera brindado un sano liderazgo entre los países hispanoamericanos de América del Sur, mucho más cercanos por historia y cultura a la Argentina que a Brasil y muy complementarios en materia económica con nuestro país. La no constitución de dicho espacio dividiría a América del Sur en dos regiones, una al sur y otra al norte, donde Brasil ocuparía un papel central y participaría de ambas. América del Sur y Brasil están requiriendo de la participación de una Argentina que sea un socio activo en la construcción de un proyecto común , que genere iniciativas y no que meramente se lamente cuando las iniciativas son generadas por los otros.

Raúl Alfonsín. Ex presidente de la Nación.
Copyright Clarín , 2005.

AMERICA LATINA: ¿DE NUEVO LA ESTABILIDAD?

Martes 10 de mayo de 2005

AMERICA LATINA: ¿DE NUEVO LA INESTABILIDAD?

Por Eugenio Kvaternik Para LA NACION

La destitución del coronel Lucio Gutiérrez, presidente de Ecuador, es el episodio más reciente de una ola de episodios similares, que comienzan con la destitución de Fujimori en el Perú, pasando por las renuncias de De la Rúa en la Argentina y Sánchez de Lozada en Bolivia, y en los que, en lugar de lo que ocurría antes, no son los militares sino la fronda ciudadana la que fuerza a abdicar a los mandatarios electos. La duda y la perplejidad nos invaden frente a lo ocurrido en Ecuador, donde la asamblea depuso a Lucio Gutiérrez sin la mayoría de votos necesaria, acusándolo de abandonar el cargo, mientras lo echaba. Para explicar el golpismo militar latinoamericano, anterior a la aparición de los autoritarismos de los años 70, intermitente y a la vez continuo, el politicólogo americano Alfred Stepan plasmó la noción de intervención "moderadora". Su análisis sugería que, mientras para el observador o para el ciudadano común el golpe era un síntoma de que el proceso político e institucional había entrado en una fase de descomposición, hurgando debajo de las apariencias, el académico descubría que, por el contrario, la intervención de la fuerza armada debía ser vista como un fenómeno de recomposición del proceso político. Provocada ya sea por un escenario de polarización social y política o por la pérdida de consenso del jefe del Ejecutivo, se desencadenaba una crisis que los resortes constitucionales no podían resolver. Con el consenso de las elites civiles, el ejército desplazaba al presidente, convocaba a la brevedad a nuevas elecciones y recomponía –momentáneamente al menos– un curso político deteriorado. Esta misma lógica moderadora está presente en los desplazamientos recientes de los presidentes latinoamericanos, pero en lugar del ejército, el protagonismo corresponde ahora a la masa civil, que, en vez de convocar a elecciones como los militares, abre paso a la sucesión legal en la figura del vicepresidente. Con cinco intervenciones militares entre 1930 y 1966, la Argentina y Brasil fueron el paradigma del golpe de Estado moderador. ¿Será Ecuador, con tres presidentes en ocho años –Bucaram, Mauhad y Gutiérrez–, el paradigma del golpe ciudadano moderador? ¿Asiste América latina a una nueva forma de crisis en la cual el ciudadano moderador sustituye al ejército moderador? He aquí una lectura plausible, cuya bondad se deriva de que convence no sólo por su simplicidad, condición que, según nos decía el filósofo medieval Guillermo de Ockam, es el requisito necesario de toda buena teoría, sino que tiene, además, la ventaja de acercarnos a cierto sosiego. A pesar de que la destitución de un mandatario no es el desenlace ideal de una crisis, siempre será mejor el civil moderador que el militar moderador. Pero si la teoría es simple, la realidad es más compleja. En efecto, estos episodios ocupan un espectro que tiene en un extremo la Venezuela de Chávez y en el otro a Bolivia, y ahora, quizá, también a Ecuador. Venezuela sugiere que la crisis no siempre abre espacio a un árbitro. Los opositores de Chávez, que propiciaron su desplazamiento mediante un golpe militar –empresarial y luego a través del referéndum revocatorio–, volvieron a reiterar que, en política, no sólo nunca se sabe para quién trabaja, sino que también puede estar haciéndolo para su peor enemigo. Los presuntos adalides de la moderación contribuyeron a cebar la polarización y consolidaron con más fuerza el reinado de su adversario. En el otro extremo del espectro está Bolivia, donde la destitución de Sánchez de Lozada y la asunción del vicepresidente Meza son la punta del iceberg debajo del cual se mantienen al acecho, los cocaleros de Evo Morales y los aymaras de Felipe Quispe. Entre ambos extremos, se encuentra la solución argentina, ya que, a partir de la destitución del doctor De la Rúa, se reanuda el juego político en un marco de relativa estabilidad, y como la esperanza en el futuro opaca el recuerdo del pasado, no es casual que haya dado pábulo a la hipótesis de que –a pesar de los excesos de manifestaciones que nos deparó 2001, con la violencia y el "que se vayan todos"– la ciudadanía contribuyó, por último, a recomponer el proceso político. Tucídides, el historiador ateniense, sostenía que la moderación de los espartanos obedecía a su temor constante a la sublevación de sus esclavos, los ilotas, que los superaban en número en una proporción de siete a uno. Su observación es un paño exiguo para ser adosado a estos episodios. La idea de que el desenlace moderador, por medio de políticos cuestionados, fue una acción preventiva de parte de sectores de clase media motivada por un temor similar al de los espartanos, es decir, a una reacción de nuestros conciudadanos marginados y víctimas de desigualdades intolerables, se desvanece porque éstos, como lo atestigua entre otras la experiencia boliviana, también participaron del hecho. En el plano político al menos, nuestras ciudades están pobladas exclusivamente por espartanos, y ya no hay más ilotas. ¿Cuál es entonces el tenor de esta ola de inestabilidad? Nuestros países experimentaron en algún momento la democracia, conocieron el golpismo moderador entre los años 40 y 60, se desbarrancaron, a partir de la polarización, en el despotismo, recuperaron posteriormente la democracia y se enfrentan ahora con las diversas variantes de la masa civil. El lector puede encontrar la respuesta a estos fenómenos en los teóricos de los ciclos de las formas de gobierno. Con excepción de Chile y Uruguay, que, siguiendo a Montesquieu, sólo conocen la república y el despotismo, el resto de los países debe buscar la respuesta en Platón. Para este autor, el ciclo comienza con la forma pura –para él era la aristocracia– y se continúa con las impuras, cada una de ellas peor que la anterior, y la última la peor de todas. Hemos experimentado sucesivamente la forma pura –la república democrática– para pasar luego a las diferentes formas impuras, salvo que, a diferencia de lo que decía Platón, nos queda el leve consuelo de que la última, la masa civil, es la menos mala de todas. De todos modos, queda sin contestar la duda que aletea en todos los espíritus: ¿estamos frente a una descomposición o frente a una recomposición del proceso político? Tucídides relata que la derrota militar en Sicilia selló, prácticamente, la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso. Cuando el ejército ateniense se retiraba de la isla, un eclipse de luna llevó a su jefe a consultar un augur, quien interpretó el eclipse como un signo que ordenaba suspender la retirada, tres veces por nueve días, es decir, cuatro semanas. Así lo hicieron, y dieron tiempo a que sus enemigos los cercaran y aniquilaran. Plutarco señala que Filocoro, otro historiador y también augur, luego de estos acontecimientos, interpretó que, por el contrario, el oscurecimiento de la luna favorecía a quienes huían y que, de haberlo interpretado así, los atenienses se hubieran salvado. En la Argentina, la crisis económica derribó a De la Rúa, mientras que la economía no tuvo impacto alguno en la crisis ecuatoriana. En Venezuela, el ejercitó acabó apoyando a Chávez y en Ecuador le retiró su apoyo a Gutiérrez. Esto indica que si por ahora, y como los de la naturaleza, también nuestros eclipses institucionales son momentáneos, los factores que los provocan y sus consecuencias varían de país a país, por lo cual nosotros también, al igual que los augures griegos, nos dividimos sobre su significado. Ojalá que no nos ocurra como a ellos y que nadie nos eche en cara que interpretamos como una recomposición un eclipse que anunciaba los signos de la descomposición.

El autor es profesor de Teoría Política en las universidades de Buenos Aires, del Salvador y Católica Argentina.

EE.UU. Y AMÉRICA LATINA: EL CUCO DEL POPULISMO

Sabado 14 de mayo de 2005

EE.UU. Y AMÉRICA LATINA: EL "CUCO" DEL POPULISMO

En las relaciones de Washington con los países latinoamericanos perduran malentendidos abismales e interesados.

Oscar Raúl Cardoso.

En las Américas la vinchuca política se está acercando demasiado a los barrios residenciales, esto es a las orillas del río Bravo y con esta posibilidad abierta renacen en el Norte, esto es en los gabinetes de George W. Bush, los instintos fumigadores . Los tiempos se anuncian tormentosos en la región y el nombre del nubarrón más oscuro y grande es "populismo" que, en la visión del poder estadounidense, parece adquirir dimensiones por lo menos tan temibles como antes tenía la palabra "comunismo". Para el año entrante puede haber nuevos "comensales indeseados" sentados a la mesa hemisférica: una candidatura presidencial exitosa de Manuel López Obrador —el combativo alcalde del Distrito Federal— podría introducir desde México una gruesa imperfección en la gema geopolítica regional de Washington, el TLC, que resulte difícilmente tolerable. Hasta la historia que se creía superada amaga con renacer en el presente: en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación está en buenas condiciones de competir por el gobierno en las elecciones que tendrán lugar antes de fin de año y, si este curso se completara, Estados Unidos debería digerir la reaparición en escena del muy polémico Daniel Ortega . Y esta vez ni siquiera está la posibilidad de agitar el fantasma de la "violencia revolucionaria" como en los 70 cuando Estados Unidos no pudo impedir la caída de la dictadura familiar de los Somoza. Si uno se atiene al dilema de esa personalidad de la duda hamletiana en que se ha convertido la presidencia de Carlos Mesa en Bolivia, o a los problemas que arrastra Alejandro Toledo en Perú y a los frentes opositores de izquierda que ambos enfrentan, y a la continuada precariedad de Ecuador, el panorama de conflicto adquiere una dimensión impactante . Como aseguró recientemente ante el Senado de su país Condoleezza Rice, hay que sacar alguna baraja de la manga para detener el posible aluvión populista en América latina. En esa ocasión particular instó a los legisladores a aprobar el CAFTA, el clon del TLC concebido para América Central. Presentó el diseño en su verdadera dimensión que es menos sobre el comercio que sobre la rápida legitimación de las ventajas competitivas —leales y desleales por igual— de las que ya goza Washington, que sobre contar con un arma efectiva para "combatir las fuerzas del populismo". Es imposible no evocar los muchos malentendidos abismales que perduran en el hemisferio sobre las condiciones de su ordenamiento económico. Por boca de su canciller, Rafael Bielsa, el Gobierno argentino se entusiasma en público con un ingenuo ALCA alejado de los ideologismos. Puede que convenza a algunos, pero no a Bush ni a su secretaria de Estado, "Condolencia" (apodo latinoamericano de la Rice), que no tienen tiempo para jugar a las utopías bonachonas y no le temen al menos a una ideología, a la propia. Tal como está planteado en América, el debate sobre comercio libre sigue una secuencia brutal que puede resumirse del siguiente modo: llevar a los países a convalidar las asimetrías económicas que ya favorecen a Estados Unidos , aislar a los que se opongan a esta forma especial de "liderazgo" y —quizá más tarde— intervenir de un modo más directo contra esos opositores empleando como sombrilla protectora la legitimidad concedida por los dóciles al orden hemisférico que propugna Washington. No hay que subestimar el potencial negativo de la situación, porque aun después de algo más de un cuarto de siglo la última generación de democracias está lejos de haberse consolidado en la región de modo definitivo . Ha sucedido antes en América latina: cuando los procesos democráticos han ingresado en contradicción con los intereses predominantes del proceso económico, sufrieron los primeros antes que los segundos. Algo hace aún más complejo el cuadro. Desde hace casi un trienio Estados Unidos parecía irremediablemente distraído por sus pesadillas asiáticas —Afganistán— y del Oriente Medio —Irak— y también por la torpeza con la que intenta reconstruir al adversario que finalmente reemplace a la evaporada "Guerra Fría", esto es la amenaza terrorista global. No hay mucho margen para que pueda mantener ese desapego, aunque los escenarios de conflicto armado sigan deteriorándose. Un buen indicador de cómo la testa del gigante está girando otra vez hacia la región es la nueva belicosidad estadounidense contra el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. No hay nada más refrescante intelectualmente que la candidez. En su más reciente edición, el ultraconservador semanario británico The Economist intenta responder la pregunta en un informe especial; es curioso porque aunque critica severamente a Chávez no cree que lo de la amenaza presunta pueda justificarse plenamente por vía de la reducción de garantías individuales y colectivas, por la posible mordaza a la prensa opositora o aun por la compra de un millón y medio de fusiles de combates para el Ejército, aunque lo censura en cada uno de sus rubros. Tampoco asume el meneado tema del petróleo venezolano; representa, dice, apenas algo más del 10% de las importaciones estadounidenses y, en todo caso, reivindica el derecho del país de dirigir el flujo de sus exportaciones hacia Cuba o China, que es un mercado que Chávez desea penetrar. Significativamente pone la luz roja sobre el proyecto de Chávez de limitar los derechos de propiedad intelectual en territorio venezolano y —aquí es donde el dinero del petróleo se vuelve realmente amenazante para el semanario— en el fomento de empresas cooperativas pequeñas y medianas en que el Gobierno está empeñado. Cita como ejemplo alarmante el de la cadena de tiendas de alimentos Mercal —propiedad estatal— que vende productos subsidiados. En algunos de éstos ya tiene el 40% del mercado. Más que por la libertad consagrada de la sociedad venezolana, sugiere The Economist , hay que preocuparse por la libertad irrestricta del capital , que es un cuento viejo en la región. Un cuento que, presumiblemente, volverán a querer contarnos en el futuro cercano.

Copyright Clarín , 2005.

ANTE LA DEMOCRACIA INMEDIATA

Domingo 19 de Junio de 2005

ANTE LA DEMOCRACIA INMEDIATA

Por Isidoro Cheresky Para LA NACION

Varios presidentes de países latinoamericanos han debido abandonar el poder antes de culminar su mandato forzados por el descontento social apremiante exteriorizado en las calles. Bolivia en dos oportunidades consecutivas en los últimos meses, y Ecuador antes, son los casos más notorios. En la Argentina a fines del 2001 el presidente de ese entonces y su sucesor provisional experimentaron la contundencia de la acción directa. Estallidos populares o ciudadanos, con frecuencia diferenciados, se han constituido así en vetos al poder de presidentes ungidos en las urnas. No sería desacertado decir que incluso, en buena medida, fueron desalojados por aquellos mismos que los votaron. La inestabilidad democrática, que en el pasado tenía su fuente en la intervención militar asociada con frecuencia a otros poderes corporativos, parece provocada ahora por la ira popular. ¿Cómo fue que los electores se transformaron en gestores del acortamiento de los mandatos presidenciales? La perplejidad ante esta nueva tendencia se acentúa si tenemos en cuenta que estas movilizaciones, aunque por cierto varían según los países y las circunstancias que las precipitan, tienen un carácter con frecuencia espontáneo, y son heterogéneas o están dispersas en liderazgos fragmentados, figura que contrasta con la del pueblo unificado en torno a un líder carismático, a un encuadramiento corporativo o partidario y a veces en torno a una vanguardia política, o sea con los liderazgos que fueron característicos de las irrupciones populares hasta hace un par de décadas. Aún cabe acotar que la acción cuestionadora de los ciudadanos, en sus diversas variantes, tiene en común la aceptación de ciertos marcos institucionales, sobre todo para la sucesión de los gobernantes impugnados, y una distintiva confianza en la regulación democrática de las crisis, que se expresa en el reclamo de consultas electorales y la aceptación, al menos inmediata, de sus resultados. Situando esos estallidos en una perspectiva más amplia, puede constatarse que, mas allá de la expresiones de descontento que han conducido a quiebres institucionales, la relación de los individuos con la representación política ha cambiado significativamente en los diferentes países de la región y también en otras latitudes. La popularidad de los líderes políticos, y en particular de los gobernantes, está sometida a escrutinio permanente por parte de una ciudadanía que se considera crecientemente sin identidad partidaria fija. Los representantes están a merced de las oscilaciones de popularidad y, más aún, el proceso de renovación de la legitimación ha adquirido un carácter permanente. Así surge, ya no en los momentos de crisis, sino aun en los contextos estables y en paralelo a la representación política formal, otra representación social muchas veces fugaz -como se ha visto en nuestro país en torno a reclamos de justicia y de seguridad- pero ilustrativa de una ciudadanía que crea sus propios canales de expresión. De modo que no debería verse la evolución de las democracias recientes de América latina con los ojos del pasado. Por cierto, existe una insuficiencia en los marcos institucionales y en creencias republicanas que deberían asegurar el ejercicio de las libertades públicas y mejorar la representación, pero recomendar simplemente el reforzamiento de instituciones representativas sin tener en cuenta la significación que ha adquirido el espacio público y las formas de expresión ligadas a una suerte de "democracia inmediata" sería dar la espalda a una novedad que parece requerir una imprescindible reformulación del dispositivo institucional y de la articulación de la representación con la deliberación política. Ello no implica necesariamente idealizar las formas de expresión directa, que suelen no ofrecer un marco deliberativo sino que expresan más bien un rechazo a un estado de cosas. Ni tampoco supone subestimar el riesgo de que la inestabilidad conduzca a un hartazgo con las dificultades de la vida pública y con el faccionalismo percibido como obstructor de una convivencia civilizada, y al que sobre esas bases se abran paso alternativas autoritarias. Se trata sí de percatarse de que probablemente los regímenes democráticos se encuentran ante nuevos desafíos que no pueden ser sobrellevados con respuestas convencionales. Y en particular, que la iniciativa del aggiornamiento al que nos referimos recae en buena medida en la iniciativa de dirigentes que deben ver cómo sobrellevan la descalificación no siempre infundada de la "clase política", y a la vez, hacer gala de creatividad.

El autor es profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA) e investigador del Conicet.

LA QUIMERA DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO

Domingo 19 de Junio de 2005

LA QUIMERA DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO

Por Carlos Strasser Para LA NACION
Dos son los apuntes más relevantes que pueden hacerse sobre estas crisis "de nuevo tipo"-registradas en Ecuador y Bolivia, antes en Paraguay y la Argentina, también en Venezuela y, en cierto modo, en México- cuyo resultado es la desestabilización/caída de gobiernos electos -entre legal y legítimamente- y en ejercicio. El primero, ya señalado por un número de observadores, toma nota de que los ejecutores de estos cambios no son los que siempre antes supieron ser en la historia tradicional de América latina, los militares, sino "la gente", masas importantes volcadas a clamar y reclamar en las plazas y en las calles (no digo "la sociedad civil" ni "la ciudadanía", la proposición sería demasiado atrevida, un exceso). Ahora caen y varían sólo los gobiernos, no más el régimen político. El péndulo dejó de ser civil-militar. El segundo apunte se corresponde en cambio con un orden más teórico y toma nota de aquello que estas crisis justamente estarían poniendo en juego: el régimen democrático mismo. Es un apunte relacionado con la falta de representatividad que acusan actualmente los gobiernos de nuestros regímenes llamados democráticos y lo que está por detrás de lo que en los últimos tiempos viene repitiéndose. Aquí voy a concentrarme en este apunte. La representación del pueblo en el gobierno, desde que existe la llamada democracia indirecta, siempre ha sido la cruz cargada por ésta. O la piedra del escándalo, según Rousseau, quien, aun en las vísperas de la democracia, anticipó que los representantes responderían, por lo general, primero a sus intereses personales y, luego, a los intereses de los "cuerpos" a que pertenecieran; no primordialmente a la voluntad general, es decir, al bien común, que sólo sería el interés tercero y último en sus agendas. La experiencia histórica ha mostrado con porfía, sobre todo en las últimas décadas, que Rousseau no estaba tan equivocado. Es que, para peor, comparando la época de mediados del siglo XVIII con el presente, la representación -que implica ahora, por lo menos en principio, a todas las clases sociales sin exclusión y en definitiva a "demasiados" sectores- se ha vuelto además mucho más compleja (como las propias sociedades) y, por lo tanto, de realización enormemente más difícil e improbable. En la actualidad, por otra parte, la política y los políticos ya no gobiernan ellos a los Estados (no pueden hacerlo) tanto como lo hacen, en particular, la economía, los mercados o las "redes" más sistémicas de un mundo hoy no sólo "globalizado" sino, por lo mismo, plagado de otros muchos actores con poder o influencia, nacionales e internacionales. En fin, hoy un gobierno representativo suele parecer una quimera. No sorprende, pues, que su desempeño termine por empujar a la gente (una u otra) a las plazas y las calles. A propósito de ello, cuando esta realidad contemporánea ya se insinuaba claramente, hace unos cien años, Carl Schmitt produjo una distinción sugestiva entre dos tipos esencialmente distintos de representación política: la del Repräsentant y la del Vertreter (ninguno de los dos vocablos tienen una traducción española equivalente). El Vertreter es al fin y al cabo una suerte de procurador de voluntades o intereses parciales, de sectores o grupos determinados; lo sería, por ejemplo típico e incorregible, el clásico hombre o mujer de partido ungido diputado por las consabidas ingenierías electorales. El Repräsentant, en cambio, es quien "encarna" a la nación entera, quien inviste el interés y la voluntad colectivos. Como la democracia es precisamente "la identidad entre gobernantes y gobernados", ese representante no es el producto de la mera contabilidad de votos dados de manera individual, fragmentada y secreta, sino la expresión de un pueblo compacto y homogéneo, de ese pueblo-nación que, en cambio, se reúne y manifiesta y aclama como tal según la única manera evidente posible: ?en las plazas y las calles (aunque eso era antes de llegados los medios, complicación en la que sin embargo no entraremos). Aunque de manera por demás sucinta, lo precedente ha planteado los términos del problema. Y las moralejas son tres. Una: hay regímenes democráticos y regímenes democráticos que no son lo mismo sino regímenes en verdad alternativos. Dos: estas crisis "de nuevo tipo" no sólo voltean gobiernos, también ponen al régimen en juego. Tres: actualmente, al menos en América latina, todo hace temer que estemos como encerrados entre lo peor de la Vertretung y lo peor de la Repräsentation. Lo que estamos viendo es la ausencia -la extrema dificultad, si no la imposibilidad- de gobiernos cabalmente representativos. Además, no la tienen fácil, desde luego.

El autor es politólogo, investigador de Flacso y del Conicet.

UN NUEVO TIPO DE AUTORITARISMO

Domingo 19 de Junio de 2005

UN NUEVO TIPO DE AUTORITARISMO

Por Rosendo Fraga Para LA NACION
Hasta los años setenta, el golpe militar constituyó un recurso político común en América latina. Muchas veces estos golpes tuvieron una orientación conservadora, algunas de centroizquierda -como el que tuvo lugar en Perú a fines de los años sesenta-, y otras veces de orientación nacionalista populista, como el de 1943 en la Argentina, que dio origen al peronismo. En los años ochenta, América latina se democratizó en el marco de un contexto mundial donde un fenómeno análogo se daba en países de Asia, Africa y Europa Central y Oriental. Si tomanos los diez países iberoamericanos de América del Sur, en 1980 ocho de ellos tenían presidentes militares y sólo dos civiles (Colombia y Venezuela). A mediados de los años noventa, los diez tenían presidentes civiles. La ola democratizadora que tuvo lugar a fines del siglo XX, que fue potenciada por el fracaso del comunismo y la caída del Muro, tuvo en América latina efectos muy concretos, ya que terminó con los golpes militares que caracterizaban a América del Sur y las guerrillas que todavía combatían en América Central. Pero esta indiscutible vigencia de la democracia en la región se dio junto con una fuerte debilidad institucional. La interrupción de los mandatos constitucionales ha sido una característica muy común y, desde 1989, se registraron once casos de presidentes que no terminaron su mandato en los diez países iberoamericanos de América del Sur. Pero analizando el tema a comienzos del siglo XXI y durante el primer lustro de esta década, observamos que la pérdida del control de la protesta violenta en las calles puede terminar con un gobierno constitucional, sin que ello implique abandonar la democracia. Si a las caídas de Fernando de la Rúa y de Adolfo Rodríguez Saá en la Argentina de 2001 sumamos el acortamiento del mandato de Eduardo Duhalde provocado por los muertos en el Puente Avellaneda en 2002, así como las dos interrupciones de Bolivia y las dos de Ecuador, queda demostrado que tal pérdida de control es, en este momento, la causa predominante de la interrupción de mandatos en la región. Recurrencia La Argentina, Bolivia y Ecuador son los tres países de América del Sur que han mostrado mayor recurrencia en este tipo de crisis. Los casos de De la Rúa y de Rodríguez Saá en la Argentina se dieron en el contexto de una fuerte crisis económica -como había sucedido con Alfonsín a fines de los ochenta-, pero en los dos casos de Ecuador tuvieron lugar con una economía en crecimiento, aunque en un contexto de fuerte descontento político y social. La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia tuvo lugar en un escenario de fuerte descontento político y social como en Ecuador. Pero la reciente renuncia de Carlos Mesa en ese mismo país es el caso más particular y el que pone en evidencia que se está extremando el uso de este tipo de crisis. Cuando el ex presidente de Bolivia renunció días atrás era el político más popular de Bolivia, con un 44% de adhesión. Si dos meses antes hubiera logrado que el Congreso le permitiera adelantar la elección presidencial, la hubiera ganado. No le permitieron hacerlo y tuvo que renunciar ante la alternativa de tener que recurrir a la fuerza para mantener el orden público. El presidente de la Corte Suprema que ha asumido para, ahora sí, adelantar las elecciones, gobierna en un cuadro extremadamente frágil. Los sondeos muestran que, si hoy se eligiera presidente en Bolivia, el primer lugar lo ocuparía Jorge Quiroga, un político de centroderecha que fue vicepresidente del general Bánzer. El segundo sería el ex presidente Mesa y recién en tercer lugar, con menos del 10% de la intención de voto, se encontraría el líder indigenista y cocalero Evo Morales, la figura más relevante en los sectores que, a través de la protesta social violenta en las calles, provocaron en menos de dos años la caída de dos presidentes. Dada esta situación, es probable que en Bolivia en las próximas semanas tengan lugar nuevas protestas que impidan la convocatoria a elecciones, dado que el resultado en términos políticos e ideológicos puede no ser diferente del las últimas dos en las cuales fueron electos Bánzer, primero, y Sánchez de Lozada, después. En el pasado, más de una vez quienes no podían ganar las elecciones optaron por golpear las puertas de los cuarteles para llegar al poder de otra forma. Ahora, al comenzar el siglo XXI, se corre el riesgo de que quienes no pueden ganarlas recurran a otra forma de interrupción del proceso institucional, que es lo que puede llamarse el "golpe de la calle", el derrocamiento de un presidente constitucional que pierde el control de la protesta social violenta en las calles. Así como en el pasado minorías políticas con acceso al poder militar podían utilizarlo como medio de acceso al gobierno, hoy minorías con capacidad de acción violenta o coercitiva en las calles pueden utilizar este medio para voltear gobiernos y eventualmente tomarlos. Si en la región no se logran desarrollar sistemas de partidos fuertes, con capacidad de fortalecer el sistema institucional a través del sistemático juego de la democracia, en América latina puede estar surgiendo un nuevo tipo de autoritarismo, que no será más que una nueva expresión de tendencias históricas y culturales subyacentes.

El autor es director del Centro de Estudios Unión Para la Nueva Mayoría.

GOLPISMO SIN UNIFORMES

Domingo 19 de Junio de 2005

GOLPISMO SIN UNIFORMES

Como en otras décadas, los gobiernos latinoamericanos vuelven a trastabillar, aunque esta vez acosados por un nuevo e inquietante fenómeno: las violentas protestas callejeras conducidas por civiles desencantados con la democracia .

Una visible corriente de impaciencia política recorre las calles latinoamericanas. Esa ola de descontento pasó por Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela y la Argentina; descolocó a gobiernos que se sintieron fuertes en las urnas pero que se vieron débiles ante el azote de calles convulsionadas, de protestas sociales que no esperaron elecciones para poner al presidente de turno en la rápida calesita del despido, a la que persignándose sube enseguida algún sucesor constitucional para afrontar el mareo de la nueva tendencia de la región. Rápido y violento parecen ser las consignas. Sin militares (para guardar las formas) pero con militantes predispuestos a ser la fuerza de choque que hoy no se encuentra, como antes, en los cuarteles.
El efecto práctico es el mismo: burlar la voluntad popular del voto democrático. Bolivia fue en las últimas semanas un ejemplo del problema, con sectores en pugna que abusaron de la fuerza callejera para imponer su propia ley: o se hace lo que la turba quiere o no se hace nada. Ese es el nuevo condicionante para la América latina del siglo XXI. Un rápido repaso de los sucesos en Bolivia permitirá vislumbrar los riesgos comunes en las democracias regionales. El presidente Carlos Mesa fue elevado al poder por el levantamiento civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. El movimiento circular de esta forma de política directa en las calles, que al no encontrar solución a la demanda inicial regresa al punto de conflicto y provoca iguales efectos antes de iniciar otra vuelta, derribó a Mesa mucho antes de su renuncia oficial, tumbó al Congreso al no permitirse reuniones legislativas hasta tanto no se aprobasen los puntos exigidos en las barricadas, y designó al nuevo presidente a criterio de los cortes de ruta, que en Bolivia son literales porque se cavan zanjas en los caminos para frenar el tránsito. El titular de la Corte Suprema boliviana, Eduardo Rodríguez, era el tercero en la sucesión constitucional. Fue elegido con los mismos condicionantes con los que partió el malogrado proyecto de Mesa. La calle exige, controla, amenaza alejándose de las urnas. ¿La similitud con los golpes de Estado es pura coincidencia? "Yo los defino como golpes de pueblo; la ira e insatisfacción popular expresan el vacío que hay entre las demandas sociales y las respuestas institucionales. El desafío es llenar de contenido a la instituciones de la democracia", explica a LA NACION Carlos María Vilas, un intelectual de reconocida trayectoria en el campo de las ciencias sociales, docente e investigador de Flacso, premiado por sus trabajos sobre la revolución sandinista y al que la revista francesa Le Nouvel Observateur distinguió como uno de "los 25 grandes pensadores de la ciencia política". Agrega Vilas un dato importante: "La calle saca a un presidente, pero no pone a otro, porque el sustituto es elegido a través de medios constitucionales. La protesta se unifica por el repudio a lo que está, como el llamado voto bronca, que luego se esfuma, pero no hay una fuerza de similar eficacia que proponga una alternativa de cambio profundo. Son sacudidas que no alcanzan un eje político que articule las demandas". Vilas conoce muy bien lo que significa el malhumor en las calles porque fue el subsecretario de Seguridad Interior durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando las movilizaciones se contaban por centenas. Que la agenda callejera tiene, al menos por ahora, mayor capacidad de destrucción que sustento para llevar adelante un programa de gobierno a largo plazo, lo demuestra el caso de Lucio Gutiérrez en Ecuador. Militar con pasado golpista devenido en líder popular, sucumbió este año por la fragilidad de las coaliciones unidas más en las movilizaciones que en las ideas. El indigenismo ecuatoriano que lo llevó a la presidencia le dio la espalda cuando las demandas de mejoras tardaron en llegar. Hoy Gutiérrez encara una incipiente lucha desde el exilio por el retorno al poder que quedó en manos de su vicepresidente, Alfredo Palacios, que pasó de aliado a peor enemigo en otra de las veloces vueltas del carrusel político latinoamericano. Gutiérrez y el venezolano Hugo Chávez fueron desde sus uniformes militares referentes del descontento masivo hacia las instituciones políticas, canalizado luego en votos hacia esos emergentes líderes que, pruebas en los hechos, profundizaron las tensiones. El propio Chávez sufrió en abril de 2002 un golpe de Estado de horas que puso en la presidencia a un civil, el empresario Pedro Carmona, hasta que el contragolpe de Chávez restableció la situación. El camino a la anarquía "Cuando las demandas sociales exceden las capacidades del sistema para dar respuesta se produce la anomia, la anarquía, la bronca. En 2001 cayó el gobierno de Fernando de la Rúa y no fue justamente por un juicio político; después, Duhalde tuvo que adelantar el llamado a elecciones por la presión popular. No hay nada más contradictorio con el sistema democrático que un sistema en el que gobierne la calle", señala a LA NACION Felipe de la Balze, economista de amplia trayectoria como analista de relaciones internacionales. Frente a las situaciones que en los últimos años se produjeron en la región, De la Balze analiza: "Se dan soluciones ilegítimas que van en contra del sistema democrático. Se crean fachadas para salvar la ropa hacia el exterior, pero nadie se engaña. Las razones que llevan a estos cambios anárquicos son la ausencia de partidos políticos fuertes para soportar una crisis, liderazgos que se basan en encuestas y no en la capacidad de convencer a la gente sobre el rumbo a tomar y falta de proyectos nacionales compartidos. Brasil, México y Uruguay son ejemplos de países en los que no se dan estos problemas". Sistemas democráticos endebles, gobiernos que apenas pueden mantenerse bajo fuerte presión o directamente son eyectados de los sillones presidenciales, múltiples reclamos sociales. Hasta la década del ochenta ese desolador panorama hubiese encontrado una reacción castrense. Pero en las actuales crisis el factor militar no aparece como opción de recambio. Y no porque no se hayan golpeado las puertas de los cuarteles como antaño. Ocurrió en Bolivia, cuando el líder de la Confederación Obrera de Bolivia, Jaime Solares, pidió públicamente "por un gobierno cívico-militar". Dos tenientes coroneles quisieron seguirlo. Nadie más. El momento político en América latina es refractario a toda aventura uniformada. La Argentina vivió el ejemplo concreto cuando el teniente general Ricardo Brinzoni mantuvo al Ejército fuera de la crisis de diciembre de 2001. "El partido militar se terminó en 1983 y no hay nadie que lo pueda reeditar", dijo Brinzoni en plena crisis del verano de 2001-2002 y lo reitera ahora ante la consulta de LA NACION. "No hay ningún militar en la Argentina ni en la región que acepte ser la opción para encauzar una crisis política", aclara. Cuando el presidente boliviano Carlos Mesa alertó sobre una guerra civil inminente, los militares de su país tomaron previsiones. Una hora antes de que una reunión convulsionada de legisladores consiguiese de alguna manera sostener la sucesión constitucional, las fuerzas armadas habían movilizado 14.000 hombres en las principales ciudades. El almirante Luis Aranda advirtió entonces el papel de sus fuerzas en un mensaje público. "Las fuerzas armadas, desde su visión y misión constitucional, están en el deber de llamar a la cordura, la racionalidad y el entendimiento, únicos caminos para evitar el suicidio nacional, convocando a una tregua político-social que debe ser asumida por todos los actores". Los militares bolivianos no tomaron partido por bando civil alguno. Es ésa una particularidad asumida en la región. "Los militares saben que existe una corriente de pensamiento internacional dispuesta a sostener el mando civil y que cualquier irrupción militar será aislada rápidamente. Entonces, como los militares no participan en el derrumbe de un gobierno, se recurre a las puebladas, así se encuentra la forma para respetar en las apariencias las formalidades constitucionales. En la Argentina (de 2001), los militares no fueron parte del problema, sino de la solución para sostener el sistema constitucional", dice Horacio Jaunarena, que fue ministro de Defensa en el momento de la caída del gobierno de la Alianza y mantuvo el cargo en la administración de Duhalde. Lecciones del pasado Una mirada similar tiene el teniente general (R) Martín Balza, ex jefe del Ejército y hoy embajador en Colombia: "Las lecciones del pasado influyen para que el Ejército diga no a cualquier llamado fuera de la ley. Esto también significa que ningún gobierno puede apoyarse en las Fuerzas Armadas para imponer criterios al margen de la ley. Se podría decir que hoy no es la vida por Perón, sino la vida por las leyes". Si alguna vez Estados Unidos dio un guiño para que los militares latinoamericanos tomasen el poder de sus países, especialmente en las décadas de lucha bipolar de ideologías, hoy es bien diferente y clara la posición que difunde el Departamento de Estado. En su mensaje sobre principios de la democracia, hecho público el año último, se afirma: "El control civil garantiza que los valores, instituciones y políticas de un país han sido escogidos con libertad por el pueblo y no por los militares. El propósito de éstos es defender a la sociedad, no definir su curso. Por supuesto que los militares pueden participar con plenitud y en plan de igualdad en la vida política de su país, pero sólo como votantes individuales. Los militares deben retirarse del servicio antes de participar en la política; los servicios armados deben mantenerse al margen de la política". El cambio de época es visible para De la Balze: "En la región, durante la Guerra Fría, los militares eran los guardianes prioritarios de las sociedades, pero con el fin de esa situación internacional y contundentes fracasos perdieron el rol de ser los agentes de ajuste del sistema". "Aparentemente acabó la nefasta tradición de los golpes militares porque cambiaron las reglas del juego, pero en las sociedades latinoamericanas se mantiene la violencia de masas que forma parte de su historia", expresó Vilas. El crujido interno de América latina fue escuchado por Estados Unidos, desatento de lo que ocurría en la vecindad por su ofensiva planetaria contra el terrorismo. Hasta el momento bastaba con que el presidente surgido de las calles en llamas no vistiese uniforme para cuidar las formas democráticas. La repetición de sucesos, el efecto contagio que se vislumbra, encendió las alarmas sobre una "democracia" directa, no representativa, que se mueve con el arrollador y alocado paso de las masas.

Por Daniel Gallo